HONDURAS LIBERTARIA

Blog de análisis de la realidad hondureña

sábado, 23 de enero de 2010

El gobierno Lobo será escenario de nuevas luchas


Fuente: Miltante.org

Por Samuel Santibáñez


¡A construir un partido para la clase obrera y el campesinado!

El 29 de noviembre de 2009, el imperialismo estadounidense y la oligarquía hondureña lograron celebrar un fraudulento proceso electoral a favor del Partido Nacional, como un intento de salida ante el estallido revolucionario que desató el golpe de Estado del 28 de junio 2009, contra Manuel Zelaya Rosales quien tras haber sido exiliado, reingresó a Honduras el 21 de septiembre resguardándose en la embajada brasileña en Tegucigalpa.

El golpe se inscribió en la aproximación de Zelaya al radio de influencia de la revolución en Sudamérica y en concreto de la revolución bolivariana en Venezuela, con la inserción de Honduras a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), y el establecimiento previo de una serie de concesiones favorables al pueblo hondureño en salarios, educación, tenencia de la tierra, rompimiento del monopolio energético y farmacéutico, etc. Esto provocó la ira de la oligarquía expresándose en una serie de maniobras para frenar a Zelaya y sin embargo, estúpidamente decidieron dar el golpe porque calcularon que apagarían rápidamente cualquier respuesta y que las relaciones de explotación seguirían su curso habitual. Pero no fue así.

El golpe detonó una fuerza social colosal desde lo más profundo del pueblo explotado —asombrando a propios y extraños, en primer lugar a la oligarquía y al imperialismo—, estableciendo una jornada de manifestaciones en las calles que se prolongó por más de cinco meses a pesar de la brutal represión.

Al vapor de los acontecimientos se fue conformando una expresión del movimiento que aunque la mayor parte se mantuvo a la ofensiva, dio en llamarse La Resistencia, conformada por una heterogénea diversidad pluriclasista en la dirección pero con una base netamente proletaria y campesina.

La Resistencia rescata mucho de la experiencia del movimiento popular hondureño y se ha combinado coyunturalmente con el ala zelayista del Partido Liberal, que era uno de los partidos burgueses tradicionales que dieron estabilidad a la oligarquía por muchos años. La ruptura del Partido Liberal con el régimen oligárquico es una muestra de las divisiones en el seno de la clase dominante. Entre tanto la clase dominante se divide, la clase obrera y el campesinado pobre caminan en un proceso de unidad ideológica y organizativa.

La Resistencia ha servido como plataforma de lucha consiguiendo acuerpar la energía de las masas y dándole una orientación. Los acontecimientos se desarrollaron intempestivamente y no permitieron que el pueblo trabajador contara con un partido de clase construido antes del estallido del 28 de junio; esta ausencia impidió que la fuerza de las masas derribara al Estado burgués, que la revolución hondureña se extendiera a más países de Centroamérica y tuviese un impacto mayor en Venezuela, Ecuador y Bolivia; las masas tenían la fuerza para lograrlo, pero el papel de la dirección fue, es y será clave.

Sin embargo, el saldo es muy favorable ya que la respuesta del pueblo hondureño ha significado un nuevo despertar de la consciencia de millones, trastocando la realidad política y generando —por ahora— un nuevo escenario en la lucha de clases en el que las masas son el actor principal; en este sentido, lo que ha sucedido realmente es que las contradicciones acumuladas por décadas, y aún más, siglos de explotación, han encontrado un cauce de expresión política que apenas ha iniciado. Mucha historia de la lucha de clases está por desarrollarse en Honduras y Centroamérica. El principal reto para la dirección proletaria hondureña es y será la construcción de un partido de clase.

Así, a pesar del enorme caudal social desatado en las calles, la oligarquía logró imponerse —hasta ahora— a través de la represión y el apoyo del imperialismo. La elección del 29 de noviembre se desarrolló bajo Estado de sitio, con un alto porcentaje de abstención y aunque el próximo 27 de enero Porfirio Lobo tomará posesión, esto no significa una victoria para el imperialismo y la oligarquía. El régimen de Lobo será cobijado de cordero pero intentará atacar una y otra vez. La oligarquía no colocó a Lobo para que haga concesiones, todo lo contrario; será un régimen débil desde el primer día y no conseguirá ninguna estabilidad de ningún tipo, ni económica, política, militar, o diplomática. La lucha de clases será el fermento contradictorio, con avances y retrocesos pero con presencia cotidiana.

Antes de la imposición del nuevo gobierno, la oligarquía está implementando ataques con cargo al gobierno de facto de Micheletti a fin de intentar lavarle la cara a Porfirio Lobo. La dictadura ha desplazado —por ahora— a la represión en las calles por la represión en el puesto de trabajo; los trabajadores que apoyaron el movimiento de masas de junio a noviembre de 2009, están siendo hostigados, amedrentados y en algunos casos despedidos de su empleo.

Sectores de la dirección de La Resistencia siguen siendo perseguidos y algunos de ellos han tenido que exiliarse. La oligarquía está intentado recuperar sus pérdidas económicas durante los meses de movilizaciones implementando una serie de ataques previos al arribo de Porfirio Lobo, que el Frente Nacional de Resistencia Popular describe muy bien en el punto 3 de su comunicado del 7 de enero:

“3. Repudiamos las medidas económicas impulsadas por la oligarquía en contra del pueblo y denunciamos su intención descarada de destruir las conquistas sociales que han costado tanto a los sectores populares organizados. Se han aumentado las tarifas del agua, los precios de la canasta básica, se han vaciado las reservas internacionales y los ahorros de empresas estatales como la ENEE u Hondutel, se modificó la fórmula para calcular el precio de los combustibles en función de beneficiar a las grandes compañías transnacionales y constantemente se realizan contratos para favorecer a los empresarios implicados en el golpe de estado.

De la misma manera, se tiene planificado otras medidas como la reducción real del salario mínimo, la derogación del estatuto del docente, la cancelación de la matrícula escolar gratuita, la devaluación del lempira, la privatización de las empresas nacionales y los fondos de pensión de los empleados públicos, entre otros.”

Es decir, tanto los trabajadores como la oligarquía intentan rescatar o mantener lo que consideran suyo. Así, se ha llegado a un punto en el que la oligarquía considera que no puede dar más concesiones y paralelamente, los trabajadores no permitirán que se les arrebate lo que les queda. Esto es una receta para más confrontaciones entre las clases. Los trabajadores seguirán intentado usar los medios legales y pacíficos, tratarán de seguir usando instrumentos honorables, cartas de petición, abogados, marchas; pero todo ello será respondido por la oligarquía con negativas, burlas, amenazas y represión incluida la muerte.

Los asesinatos selectivos persisten como es el caso de Walter Tróchez o el caso de los tres campesinos asesinados durante el brutalmente violento desalojo de más de 600 campesinos del Valle de de Aguán, en el norteño departamento de Colón. Zelaya les había entregado tierras llegando a acuerdos con los campesinos, acuerdos que quedaron oficialmente registrados en el Instituto Nacional Agrario (INA) y ahora Miguel Facussé Barjum, uno de los miembros de las principales familias oligárquicas se los arrebata a sangre y fuego.

Los campesinos son miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), organización afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). El mejor camino para los campesinos está en fortalecer sus organizaciones y unificarse con los obreros de las ciudades en la construcción de un partido de clase. No hay salida real para el campesinado pobre fuera de la unidad con el movimiento obrero. Cualquier medida que tome el campesinado diferente a la unidad con el movimiento obrero de las zonas urbanas e industriales, conseguirá muy poco a un costo muy elevado o definitivamente sólo conseguirá derrotas.

En este inicio de año 2010, La Resistencia convocó a una manifestación que agrupó alrededor de 10 mil personas, esto es un buen indicador de la moral de las masas. El objetivo de la marcha fue rechazar la propuesta de una amnistía a los autores del golpe de Estado, exigir un aumento del salario mínimo al nivel al costo de la canasta básica y contra la desincorporación de Honduras del ALBA. Inmediatamente el congreso golpista respondió con la votación de los diputados —123 votos a favor y 5 en contra— que colocó al pueblo hondureño fuera del ALBA, por cierto, también designó a Micheletti como “diputado vitalicio”.


Se especula sobre la posibilidad de que se castigue a un sector de los golpistas como intento de darle un poco de legitimidad al gobierno Lobo. Hay una entrevista que la revista virtual Habla Honduras, hace a un abogado italiano [Paolo Ceschini], en la que afirma que hay sectores de la oficialidad que están dispuestos a atestiguar contra sus superiores por crímenes de lesa humanidad. Es claro que el proceso de la lucha de clases impacta también a sectores del ejército y la policía y no sería descartable que se saliera a la luz alguna situación que intentara hacer creer que se está “castigando a los culpables”, aunque en realidad, entre tanto la oligarquía no sea llevada a una situación límite por la fuerza de las masas.

Derivado de eso, por sus propias contradicciones internas—, no actuará en contra de los principales jefes del golpismo, es decir, Micheletti y Romeo Vázquez, a ellos los sacrificará sólo si no le queda alternativa y como una medida extrema y una vez dicho eso, tampoco es descartable que suceda, ya que Micheletti no es Pinochet, es apenas una sombra fugaz de un bonapartismo senil y decadente, su impunidad no se prolongará como sucedió con Pinochet, que representaba a un bonapartismo pujante que pudo desarrollar relativamente las fuerzas productivas en Chile; todo estará en función de la correlación de fuerzas entre las clases y el desarrollo de los acontecimientos.

Pero, así como la revolución no es obra de una mente brillante, la actuación de la oligarquía no se expresa por medio de las maquinaciones de una mente perversa y maquiavélica, pensar que el imperialismo está como titiritero moviendo los hilos a su antojo es una forma limitada de analizar las complejas relaciones que se expresan en la lucha de clases.

Lo que está de frente para la dirección proletaria del movimiento es la lucha por la construcción de un partido de clase. Un partido obrero que integre a los campesinos pobres. Para los marxistas, un partido es ante todo, principios, programa, perspectivas y estrategia, y sólo en segundo término, un aparato.

Un partido no se piensa sólo en términos electorales dentro del marco de la democracia burguesa. Un partido de clase es ante todo un instrumento de lucha, no sólo electoral —aunque también electoral—, sino un instrumento que se funda con el movimiento mismo, en las fábricas, las colonias, las escuelas, impulsando y organizando la lucha y promoviendo la democracia obrera asegurando que el partido tenga una representación local, municipal, regional, provincial y nacional, con puestos elegidos en asamblea democrática y con carácter revocable en cada momento por la misma asamblea.

Hay una especie de clamor popular que se está manifestando en ese sentido; las masas quieren su propio partido, su instinto les indique que ese es el camino a seguir, sólo basta escuchar sus llamadas telefónicas a Radio Globo para comprenderlo. El momento es muy importante, la moral y energía de las masas es determinante, no es lo mismo formar el partido en momentos de flujo que de reflujo de la revolución. Hay que aprovechar el momento de flujo que aún persiste. Pero, y en esto tiene mucha razón Carlos H. Reyes, no debe hacerse sin un debate de principios, perspectivas estrategia y táctica y mucho menos debe hacerse hipotecando los intereses de clase.

No será sencillo. El ala Zelayista del Partido liberal intentará cooptar para sus intereses la fuerza del movimiento y es un deber de los proletarios acompañar y fertilizar este proceso, no aislarse de él, sino ayudarle a las masas a entender que cualquier conciliación con la oligarquía será una trampa que conducirá al fracaso. Sería un error del sector proletario aislarse del movimiento, pero también sería un error no luchar contra la conciliación de las clases. No hay que correr delante del nivel de comprensión de las masas, hay que ayudarles a sacar conclusiones.


Zelaya ha sufrido una evolución política importante, de ser miembro de la oligarquía y por tanto copartícipe de la explotación, ha pasado a ser un detonante y un eje de este periodo de la revolución hondureña. Hemos reconocido su lealtad al pueblo hondureño, para él, una salida individual y familiar a cambio de traicionar o abandonar la lucha, sería relativamente fácil, sin embargo, hasta la fecha sigue recluido en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Sus declaraciones permiten inferir un proceso contradictorio de aproximaciones sucesivas a la ecuación de la lucha de clases; por un lado afirma que:

“El estado burgués ha concluido y ha colapsado”, declaró Zelaya a Radio Globo, “se agotó el modelo burgués”, dijo. Y se manifiesta a favor de un “liberalismo pro socialista que le dé paso a una autoridad democrática y popular”. Pero, acto seguido, declara: “Yo estoy de acuerdo con que haya reconciliación, pero la reconciliación es buscar que en Honduras haya justicia, que en Honduras se aplique la ley”.

Y preguntamos: ¿Cuál ley? ¿La del Estado burgués o la ley de qué Estado? ¿Reconciliación con quién? ¿Qué significa “reconciliación”? ¿Coexistir con la oligarquía en términos “honorables”? Lo mismo podemos decir de la “justicia”, que definitivamente no es lo mismo para Facussé que para los campesinos asesinados en el Valle de Aguán.

Pero Zelaya es muy claro cuando dice: “ La Resistencia deberá organizar su plataforma de coordinación política y programas con acciones definidas en cada barrio, cada municipio en todos los departamentos que conforman el territorio nacional, exigir un nuevo pacto social, una nueva constitución en donde el soberano determine las reglas que permitan la solución a los problemas y las transformaciones de Honduras.” Llama a la “refundación ética del Estado. Hacia un estado protagónico de cambios y de transformaciones que conduzcan a la distribución de la riqueza para la creación de oportunidades”.


Esto, si lo comparamos con la situación actual de las relaciones de producción, es un elemento progresista, pero sigue enmarcado dentro del capitalismo y esperanzado en la conciliación de clases antagónicas. No puede haber acuerdo favorable a las masas sobre la base moral de las relaciones sociales. Honduras se “refundaría éticamente” sólo a condición de que las principales palancas de la economía sean propiedad de un Estado obrero y bajo control democrático de los trabajadores del campo y la ciudad, sólo a condición de que se diluyera al ejército burgués y se armara al pueblo para hacer una defensa internacionalista de la revolución. Honduras podría reconciliarse con el progreso y desarrollo humano, sí y sólo sí se extendiera la revolución al conjunto de la región centroamericana.

Los retos de la dirección proletaria de La Resistencia son titánicos, pero han dado muestras de estar obteniendo conclusiones correctas. El punto es basarse siempre en las masas, nunca aislarse de ellas y a la vez avanzar en el proceso de formación de cuadros entre los obreros y la juventud; los núcleos de base de La Resistencia en los barrios, colonias comunidades y centros de trabajo son una conquista maravillosa que pueden ser usados para las tareas de formación política. El avance que se ha dado con la publicación del boletín de La Resistencia —La Honda—, es muy importante, aunque sería excelente si el sector proletario de la dirección editara y publicara un periódico en toda la regla, sería un gran paso. La formación política en los núcleos de base y la publicación regular del periódico permitiría avanzar en la construcción del partido de clase y en la preparación de la Asamblea Constituyente Revolucionaria.


¡Adelante compañeros, en la construcción de un partido de clase para el pueblo hondureño!

viernes, 22 de enero de 2010

El acuerdo de Lobo Sosa y la lucha de la Resistencia



Por Ricardo Salgado

A propósito de la anunciada salida del señor Roberto Micheletti de la presidencia de facto, que consiguió a costa de mucho dolor y sufrimiento del pueblo hondureño, es importante que los miembros de la resistencia no olviden que el Golpe de Estado es una acción colectiva de la oligarquía dominante contra el pueblo; que Micheletti aproveche las cámaras para gritar las mismas mentiras que ha estado repitiendo durante 7 meses es mas bien irrelevante, el solo es el peón.
Las estructuras represivas, los funcionarios corruptos, los magistrados cómplices de los crímenes de lesa humanidad; el fiscal sirviente de los intereses mas oscuros en el país; la abyecta procuradora; los asesinos, violadores, ladrones de verde olivo y la policía, siguen intactos, desde la cabeza hasta los pies. De ninguna manera es razonable asumir que algo está cambiando.
El mismo congreso, diputados mas diputados menos, se dispone a asumir cuatro años mas de desgobierno. Recordemos que los diputados que llegaron a este nuevo congreso que no votaron a favor de la monstruosidad del 28 de junio, con honrosas excepciones, están en sus posiciones por haber apoyado el proceso que delinearon los golpistas.
El acuerdo que trajo Porfirio Lobo Sosa, convenientemente, expresa los puntos de vista que representan su voluntad no la del estado de Honduras; afirma que una vez que el sea presidente emitirá un salvoconducto para el presidente Zelaya, su familia y su circulo intimo. No menciona la desmovilización del aparato represivo montado por la oligarquía con militares, policías y paramilitares.
El acuerdo es respaldado por los ex candidatos golpistas y Cesar Ham, quien parece haber decidido darle una tregua al nuevo gobierno; los demás son los mismos que apoyaron decididamente el golpe; hicieron lobby por el golpe; buscaron fondos y reconocimiento para el golpe; siguen siendo golpistas. Hablan de reconciliación después de todas las atrocidades cometidas.
Si vemos este acuerdo con detenimiento, el mismo busca, con una movida mas de damero que de ajedrez, mostrarle al mundo una cara conciliadora, respetuosa de los acuerdos violados por ellos mismos, por acción o por omisión, en muchas ocasiones. Muchos pretenden hoy “borrar” de nuestra memoria hechos que nos implantaron a fuerza de garrotazos, balazos y gases en nuestra mente.

Los “testigos de honor” firman sabiendo que las arcas del estado están destrozadas; sabiendo que ellos no van a participar de los pingues negocios que la oligarquía y las transnacionales lograron como resultado del golpe. La parte del pastel que les toca a ellos, está deprimida. Elvin Santos, por ejemplo, se dedica a la construcción, carreteras, esas no las paga la oligarquía, se construyen con la caridad internacional; Ricardo Álvarez, alcalde de Tegucigalpa y golpista cuasi confeso, no va a hacer ningún proyecto energético, su negocio esta en la movida, la coima, y eso solo se consigue de la ayuda internacional.
Este paquete de gente del acuerdo necesita garantizar que estar en el gobierno sea un buen negocio; por eso juegan a ser generosos con Manuel Zelaya Rosales; el mismo al que defenestraron y vilipendiaron sin ningún empacho durante meses; el mismo que han encarcelado por meses en una embajada sitiada por incontables militares.
Que el presidente Zelaya acepte salir por la vía propuesta luce razonable. Su encierro seguramente le ha ayudado a crecer de muchas formas. Ha demostrado un gran aplomo en momentos en que muchos creímos que los animales verde olivo entraban a la embajada para asesinarlo. Ha logrado perturbar la tranquilidad de los golpistas cuando con lucidez, coraje y sentimiento canta a través de la radio.
Pero ese “encarcelamiento” debe terminar. Es simplemente justo. El tendrá ahora que recuperar su salud, reorganizar sus argumentos y reintegrarse a lucha que el promovió. Recordemos que la misión es de todo el pueblo. Se puede vislumbrar una jornada durísima, en muchos campos; tenemos tanto que hacer que nuestra obligación fundamental es concentrarnos en cumplir, en informarnos y formarnos; en transmitir nuestras ideas a los compañeros que necesitan dirección.
La lucha en el campo de los derechos humanos es tarea de todos; ya hay muchos hondureños decentes y valientes en esta actividad. Sin embargo, la búsqueda de justicia, del fin de la represión, del respeto a los derechos fundamentales tomará mucho tiempo, y un papel central en el trabajo del pueblo hondureño en resistencia.
No cabe duda que la situación seguirá siendo complicada; por esa razón debemos integrarnos a las diversas formas de organización política que el Frente Nacional de Resistencia Popular irá marcando como el camino a seguir. DE NINGUNA MANERA DEBEMOS PERMITIRNOS DESVIARNOS DE NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL: LA REFUNDACION DE LA PATRIA.
La oligarquía sigue teniendo todas las ventajas que da el dinero: medios mercenarios, propaganda alienadora, desinformación, comida chatarra, las iglesias de todas denominaciones. Si esto no funciona, entonces, en ultima instancia, tienen a los chafas y a los chepos. Hoy menos que nunca debemos subestimar el poder del que dispone la derecha en este país.
Tampoco deberíamos caer en un excesivo optimismo sobre el nuevo gobierno. Su proyecto de desarrollo sigue siendo un apoyo del sistema neoliberal; proponiendo que se aproveche la enorme cantidad de mano de obra barata como incentivo al capital extranjero. Recordemos que es el trabajo el que produce bienestar, no el capital, y en esta propuesta de nación, se busca aumentar la masa con ingreso no la cantidad de bienestar del pueblo. Ya conocemos como funciona este modelo de empobrecimiento del que mas trabaja, no podemos esperar nada bueno de él.
Debemos estar alerta sobre las movidas de la misma oligarquía golpista, que seguramente buscará recomponerse para enfrentar la oposición de la resistencia. No hay que descartar la posibilidad de que ellos mismos terminen invocando la necesidad de una nueva constitución, y llamen a una constituyente. Esta puede ser una forma de quitar banderas de lucha al pueblo y acomodar la nueva legislación a su conveniencia.

Por ultimo, no debemos distraer nuestra atención de las cosas que ya comenzaron los golpistas, como la contratación de energía renovable mas costosa, la privatización dela ENEE, HONDUTEL y del agua. También debemos ver la agresiva campaña contra los compañeros campesinos, o la regresión de las conquistas laborales de todos los gremios, especialmente el magisterial.
No hay que perder de vista que la reconciliación de Lobo Sosa busca desmovilizarnos para concretar estas acciones que violan la soberanía popular. A ellos les interesa su Paz, no la de todos. De nosotros esperan que callemos, nada más. Es imperativo mantener la atención centrada en las cosas fundamentales. Una tregua, bajo las circunstancias actuales equivale a capitular nuestras aspiraciones. Aquí el beneficio de la duda solo puede jugar en nuestra contra.
Hay que estudiar, pensar, luchar, no podemos parar.
Al presidente Zelaya gracias por habernos ayudado a encontrar la senda de la dignidad, de la lucha como medio de buscar la libertad. Aquí tiene un lugar entre nosotros para seguir luchando. Decida o no aceptar lo que Lobo Sosa propone, estamos conscientes de la urgencia de su liberación; y apoyamos con respeto su posición.

viernes, 15 de enero de 2010

Militares y policías continúan desalojos en tierras de cooperativas campesinas en el Aguán


Viernes, 15 de Enero de 2010


Dina Meza.- El ejército y la policía desalojaron a los campesinos que estaban en las tierras de la margen derecha del Río Aguán, como parte de la estrategia para favorecer a los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, este jueves 14 de enero...


El 13 de enero el MUCA en conferencia de prensa denunció la confabulación de los operadores de Justicia y diversas instituciones del Estado con los terratenientes y la violación a la Ley de Reforma Agraria y un convenio suscrito con el presidente Manuel Zelaya Rosales el pasado 12 de junio donde se señala que se hará una investigación sobre las tierras y por lo tanto no debe haber ninguna acción en las tierras antes de conocerse la misma.


El viernes 08 de enero un desalojo violento contra los campesinos y campesinas de la margen izquierda dejó más de 30 detenidos entre ellos menores de edad , la quema de las chozas de los campesinos por parte del ejército, la policía y la participación ilegal de guardias de seguridad privada de los terratenientes vestidos con uniformes del ejército hondureño, según lo denunciaron los campesinos.


Los detenidos fueron dejados en libertad como producto de la presentación de habeas corpus de organizaciones como el COFADEH que lo presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ese mismo viernes. La persecución y hostigamiento contra mujeres, hombres y jóvenes, así como las amenazas a muerte no se hicieron esperar para ablandar a los y las labriegas a desalojar los predios.


Ante esta acción ilegal y atentatoria contra la integridad física de los y las afectadas, Nectaly Rodezno del Frente de Abogados contra el Golpe, se desplazó a la zona para hacer el acompañamiento legal a los integrantes del MUCA.


Jhony Rivas de MUCA leyó el comunicado donde exigen al Estado de Honduras, al Instituto Nacional Agrario, la inmediata adjudicación de las tierras a las y los campesinos del aguan, ya que la adquisición de las mismas por parte de Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales fue ilegal, por que el artículo 106 de la Ley de Reforma Agraria establece que Las cooperativas tienen la prohibición de vender o transferir la totalidad o parte de las tierras adjudicadas salvo autorización previa del Instituto Nacional Agrario (INA) y este ente nunca autorizó la venta de estas tierras.


Aunque el Comandante del XV Batallón de Infantería la tarde del 13 de enero dijera al dirigente Rafael Alegría de Vía Campesina, que no tenía conocimiento de ningún desalojo para hoy jueves, el mismo se llevó a cabo, previa movilización de centenares de militares y policías la noche de ayer y la ejecución del desalojo desde primeras horas de la mañana de hoy.


El poder de los terratenientes y la agudización de la represión contra los campeños, se ha acrecentado desde el golpe de Estado en junio de 2009, según lo dio a conocer Francisco Funes, Ministro Director del Instituto Nacional Agrario, INA, del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que participó en la conferencia de prensa con MUCA y otras organizaciones.


Funes denunció que el golpe de Estado interrumpió los procesos de transformación nacional para desequilibrar la balanza.


Asimismo señaló que el propio Miguel Facussé estaba de acuerdo en entrar a revisar la legalidad de la tierra y nadie podía discutir sobre ese tema , “Facussé hasta nos había dicho que si le demostrábamos la legalidad de la tierra él prefería que lo indemnizáramos”.


Este gobierno lo que busca es boicotear la ejecución del Decreto 18-2008 y favorecer a sectores poderosos, con los desalojos violentos en la zona y no ha puesto en marcha resoluciones que se habían adoptado en el gobierno de Zelaya Rosales.


Las tierras que tienen estos señores están en total abandono y no está cumpliendo su función social, “estos señores obtuvieron esta tierra de forma ilegal , nosotros hemos luchado por esta tierra desde el 2006 y ahora se nos ha quebrantado el acta convenio”, dijo Rudy Hernández, del MUCA.



Por su parte Rafael Alegría, de la organización Vía Campesina, expresó que este golpe de Estado tiene el propósito claro de favorecer a sectores poderosos entre ellos a los terratenientes, “en este caso es evidente el caso del Aguán donde se confabula la Fiscalía, los tribunales de justicia, la policía y el ejército”.


La propiedad legal de estas tierras las tiene el Estado y los campesinos beneficiarios de la reforma agraria, pero el gobierno de facto pretende devolver las tierras a los terratenientes, agregó el dirigente campesino al tiempo que recordó que el propio jefe policial de la zona firmó el acta convenio entre campesinos y gobierno.


Gilberto Ríos de Fian Honduras recordó que la Reforma Agraria en Honduras es un mandato constitucional y que los campesinos no son mendigos sino que son factor fundamental para el desarrollo del país.


El gobierno actual (del presidente Manuel Zelaya Rosales), impulsó a través del Decreto 18-2008 el proceso de Reforma Agraria, pero la oligarquía estaba molesta con la puesta en práctica de este decreto porque éste había tenido su impacto en las zonas donde se aplicó, dijo Ríos.


Además de destacar que la tierra en poder de los campesinos ha producido desarrollo, como en Tocoa, Colón, pero que el mismo ha bajado en un 20 por ciento por la venta ilegal de las tierras de la reforma agraria.


“Nosotros como FIAN Honduras apoyamos las luchas de los campesinos que quieren recuperar esas tierras que están ilegalmente en poder de tres terratenientes que tienen antecedentes realmente delicados como asaltantes del poder en Honduras e incluso con acciones criminales contra compañeros que han dedicado su lucha a la defensa del proceso de reforma agraria”, advirtió.


Nectaly Rodezno del Frente de Abogados contra el Golpe anunció el desplazamiento de unos seis abogados para apoyar a los campesinos y campesinas del MUCA y de entrarle a lo que es la investigación de la propiedad de la tierra y no descartó que producto de la ilegitimidad en el sistema de justicia, se lleve el caso a nivel internacional.


En la conferencia de prensa también estaban representes del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, COCOCH; Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, del Observatorio de Derechos Humanos del Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, del Frente de Abogados contra el Golpe.


Nota:http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.phpoption=com_content&view=article&id=588:militares-y-policias-continuan-desalojos-en-tierras-de-cooperativas-campesinas-en-el-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

¿Por qué arden las radios comunitarias garífunas?


Domingo, 10 de Enero de 2010


Miriam Miranda

El pasado miércoles 6 de enero, en horas de la madrugada, la radio comunitaria garífuna Faluma Bimetiu de Triunfo de la Cruz, fue incendiada por desconocidos, los que procedieron a saquear el equipo de la radio. Esta no es la primera vez que la radio ha sido objeto de la sustracción de su equipo de transmisión.

En el año 2002 desconocidos hurtaron el transmisor y otras herramientas claves de la radio. El pueblo garífuna se ha visto expuesto a un lento proceso de asimilación a la cultura dominante por intermedio de los medios de comunicación masivos, monopolios que se encuentran en manos de figuras bastante conocidas en el país como manipuladores de la información.

La carencia de medios de comunicación propios del pueblo garífuna nos ha conducido a una acelerada perdida cultural, la cual cada día es más dolorosa. La gran mayoría de las comunidades donde hay acceso a la televisión enfrentan una permanente alineación por el consumismo, la aculturación, la alienación (fútbol, modas, telenovelas, caricaturas y violencia) y el terrorismo mediático, así mismo hemos visto un declive en el manejo de nuestro idioma, el que ha pasado desafortunadamente a ser una segunda lengua.

Desde el año de 1997 se inició la transmisión de la radio Faluma Bimeti, promovida por el Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz (CODETT), con el propósito de afianzar la cultura garífuna y defender el territorio ancestral de la comunidad.
Triunfo de la Cruz, al igual que las demás comunidades garífunas de la Bahía de Tela, se han convertido en zonas en conflicto ante la intervención realizada por empresarios, políticos e inversionistas extranjeros, que pretenden apoderarse de las tierras comunitarias para la construcción de proyectos turísticos.

Las usurpaciones sistemáticas a manos de foráneos que ha padecido la comunidad, condujo al CODETT y al Patronato de la comunidad a presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que acepto el caso el 14 de marzo del 2006, registrándolo bajo el N0. 125-48. Para la élite de poder de Honduras, la posición asumida en la comunidad de Triunfo en cuanto a la defensa acérrima del territorio ancestral, es un desafío a sus intereses económicos.

Honduras es conocida por los altos niveles de pobreza de la mayoría de sus habitantes inducida por una minoría que mantiene el país bajo un régimen feudal. La utilización de los medios de comunicación masivos por parte de los señores feudales locales, ha sido una herramienta eficaz de control y manipulación.

Al igual que en el resto de América Latina los monopolios de la comunicación han servido para replicar la distorsión de la información y por ende perpetuar la dominación. Las radios comunitarias garífunas se han venido afianzando a lo largo de la década pasada, sentando un precedente entre nuestro pueblo, ya que la meta primordial es la protección de nuestra cultura, la cual se encuentra íntimamente ligada a la madre tierra.

En la actualidad se encuentran radios instaladas cuatro radios comunitarias y en un futuro no muy lejano soñamos con extender la red a lo largo de toda la nación garífuna. La meta primordial: afianzar y enriquecer nuestra cultura, defender el territorio ancestral y al mismo tiempo cimentar un sistema de alerta temprana relacionado al cambio climático, terremotos, y enfermedades.

El atentado en contra de la radio Faluma Bimeti se reduce a que a la elite de poder les arde el hecho que los garífunas nos encontremos en un proceso de resistencia cultural que ha durado 212 años y de paso que rompemos cadenas al haber participado de forma activa en contra de la destrucción de la democracia, felonía cometida el año pasado por la oligarquía local con el apoyo de la derecha troglodita de los Estados Unidos.

Ante estos hechos la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), exige el respeto al derecho a la información, tal como lo señala el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De paso requerimos una investigación exhaustiva sobre este acto perpetrado en contra de la radio comunitaria garífuna y en contra de nuestro pueblo en general.

La Ceiba, 8 de enero del 2010

- Miriam Miranda es Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

jueves, 14 de enero de 2010

Recuento de los hechos y la recuperación de las Tierras de la Reforma Agraria en Honduras

Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA

A principios de la década de los 90, en la administración de Rafael Leonardo Callejas, se aprueba en Honduras la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, y con ella se instrumentaliza un plan para expropiar a las empresas campesinas de los derechos que el Estado les asignara a mediados de la década de los 70 sobre miles de hectáreas cultivadas con palma africana (Elaeis guinensis) en la región conocida como el Bajo Aguan en el departamento norteño de la costa atlántica de Honduras. La ley en mención se convirtió en la estrategia política de funcionarios estatales en sociedad con empresarios codiciosos para convertirse en propietarios de 20 mil hectáreas de las mejores tierras del país (alrededor de 28 mil manzanas o 48 mil acres).

A principios de los sesentas se promulga la Ley de Reforma Agraria, en la administración del expresidente Ramón Villeda Morales, mediante la cual se declaran derechos de tenencia de tierras nacionales y privadas a cientos de familias de campesinos pobres. Esta ley surge como consecuencia de de los compromisos internacionales suscritos en Punta del Este en Uruguay dentro del marco de la Alianza para el Progreso. Fue hasta inicios de los setentas que en el gobierno militar de Oswaldo López Arellano se organizan más de 84 cooperativas de las cuales 57 se orientaron a cultivar e industrializar aceite de palma africana, por esta razón a esta zona aun se le conoce como “la capital de la reforma agraria”.

En los años 90 se inicio un proceso de compra venta de cooperativas, proceso amparado en la Ley de Modernización, que concluyo con la venta de los activos de 40 empresas campesinas, los que se concentraron en manos de Miguel Facuse, René Morales y Reinaldo Canales. Este fenómeno sigue siendo objeto de investigación por la multiplicidad de errores y violaciones a la ley ejecutados con el objetivo de garantizar que los empresarios mencionados pudieran “quedarse” con los activos de las cooperativas.

A partir de 1998, miembros de las cooperativas que vendieron sus activos iniciaron investigando las motivaciones y el marco jurídico de las ventas, tal como se describe en el documento de Demanda de Nulidad de Instrumentos Públicos autorizado el día dos de Enero del año 1994 y presentada el 30 de Abril del 2009 (documento disponible en este blog). El acuerdo de compra venta estableció por acuerdo que los compradores mencionados utilizarían la tierra para el cultivo y producción de estas, pero que la propiedad de la tierra continuara en manos del Estado y para uso exclusivo de reforma agraria. Paralelamente a la compra se desplego una campaña de intimidación y amenaza a muerte a los dirigentes que se oponían a la negociación, no así con aquellos líderes campesinos que se prestaron para negociar el patrimonio que les pertenecía a todos los cooperativistas.

Para Noviembre del año 2001 se organiza el Movimiento Unido Campesino del Aguan (MUCA), con la participación de 28 grupos de campesinos que no han sido beneficiarios de la reforma agraria. Esta estructura de organización fundamenta el nuevo movimiento campesino alrededor del reclamo legítimo de las tierras que fueron declaradas para fines de reforma agraria desde los años 70 y que pasaron de forma fraudulenta a manos de empresarios corruptos.

Como resultado de la investigación jurídica se logra demostrar que la ilegalidad con la que se compraron los activos de las cooperativas desemboca nuevamente en el reclamo de nuevos grupos por las tierras que nunca fueron tituladas a nombre de los empresarios compradores, sino que el Estado les reconoció derechos de uso en la forma de CONCESION hasta Febrero del 2005. Ver documento de Certificado de Infectabilidad de Febrero del año 2002.

Desde el año 2004 MUCA ha venido presentando demandas de nulidad de las ventas y requerimientos de aclaración jurídica sobre la situación de las tierras y los derechos legítimos de los campesinos organizados tal se establece en la Ley de Reforma Agraria de 1962. En Febrero del 2006 se realiza una toma pacífica de la carretera a la altura de Tocoa por parte de 7 mil campesinos reclamantes llamada la “Toma de los Cinco Mil Machetes”, en ocasión de declarar el lanzamiento publico de MUCA reclamando los derechos sobre las tierras liberadas de la concesión. Para esta fecha se negocio un acuerdo general sobre 12 puntos presentados entre campesinos y el movimiento popular. En este acuerdo se solicitaba al ministerio publico con sede en Tocoa Colón para que llevaran a cabo la investigación pertinente, además los representantes del gobierno central se comprometieron a gestionar una audiencia ante el fiscal general del estado y con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, para resolver las demandas de MUCA.

El MUCA el 03 de marzo del 2009 presenta una Propuesta de Acuerdos Negociables, entre gobierno, empresarios y campesinos a través de una comisión de dialogo, propuesta y presentada al Sr, Manuel Zelaya Rosales Presidente constitucional, para resolver tal problema.

Las organizaciones campesinas propusieron lo siguiente:

1- Tener como interlocutor y componedor al presidente de la republica, al ministro del INA y al de gobernación y justicia.

2- Buscar la devolución de las tierras pertenecientes a 29 cooperativas, tierras que fueron mal compradas, violentando la ley de cooperativas.

3- Que se practique un evalúo por cada cooperativa vendida, para determinar las mejoras, y que el gobierno central sea el aval del sector campesino, como garantía de pagar las mejoras con los bonos de la reforma agraria, o una garantía de producción agrícola para el combate a la pobreza.

4- Como conclusión de los acuerdos, el poder ejecutivo deberá emitir un decreto o acuerdo ejecutivo donde conlleve la firma de un protocolo con los abogados de los campesinos, de los empresarios y del gobierno donde se establecieran todas las normativas y compromisos entre todas las partes en conflictos, el cual deberá publicarse en el diario oficial la gaceta.

5- Los términos de los acuerdos serán consensuado entre las partes, previo el conocimiento de bienes y mejoras presentado por los actuales ocupantes de las tierras. Para tal efecto se toma una comisión negociadora tripartita coordinada por el titular del INA.

6- Las organizaciones campesinas y populares de la región del aguan solicitamos en aquel momento al gobierno constitucional poner todos sus esfuerzos para resolver un problema que de no ponerle atención inmediatamente podía desencadenarse en un caso que puede costar la vida y lamentaciones en las partes responsables, debido a la negligencia con las que actúan las autoridades del estado en contra de los más necesitados de esta patria.

El 28 de Mayo del 2009 MUCA inicio con la toma de las instalaciones de la Planta Extractora de Aceite de Miguel Facuse como medidas de presión para que el Estado de respuesta ante la falta de cumplimiento de compromisos firmados. Para esta fecha se firma un nuevo acuerdo con una misión del Gobierno Central y el Presidente de la Republica Manuel Zelaya Rosales a través del cual se destinarían recursos del Estado para aclarar entre otros la situación legal de las tierras, resolver el acceso a las mismas por parte de los campesinos. Ver Acta Convenio con el Gobierno del 12 de Junio del 2009.

El 12 de junio llegan a Tocoa tal comisión encabezada por el ministro del INA, el Vice ministro de agricultura y ganadería, el vice ministro de la presidencia, el alcalde de Tocoa, y el comisionado departamental de policía el Sr. Kenee Sabellon Flores quienes se reunieron con la comisión de representantes de la organización MUCA haciéndose acompañar por el asesor agrario de la zona. Se llego al acuerdo de subscribir el acta convenio en la que se conforma una comisión técnica jurídica integrada por representantes del INA, coordinada por un representante de la secretaria de agricultura por parte del gobierno y cinco representantes del MUCA mas Fabio Evelio Ochoa como asesor agrario del los campesinos.

El compromiso del MUCA fue desalojar pacíficamente y temporalmente la toma del acceso a la planta extractora de aceite, mientras se finalizaba el análisis técnico jurídico de cada uno de los casos presentados por el movimiento unificado campesino del aguan. Estos convenios fueron firmados por el presidente José Manuel Zelaya Rosales el 19 de junio del 2009 en Tocoa Colon.

En aquel momento ya se hacían realidad los acuerdos pues la comisión técnica jurídica llegó a la zona el 21 de junio para iniciar el trabajo. El 23 de junio se estableció una reunión los representantes de MUCA, Fabio Ochoa y el Director del INA, en las instalaciones de la misma en Sinaloa, Tocoa. En ese mismo día horas después de esta reunión, el compañero Fabio Evelio Ocho sufre un atentado criminal desde un auto particular.

El 25 de junio se viajo a Trujillo a solicitar al instituto de la propiedad el extracto sucesivo y libre gravamen de 14 cooperativas. Sin embargo por los hechos ocurridos con el Golpe de Estado desde la madrugada del 28 de junio del 2009 se rompe el proceso de negociación concertado y obliga a MUCA a iniciar la lucha en las calles para exigir el regreso del orden constitucional y la toma de tierras como acción reivindicativa. En Diciembre del 2009 se inician las tomas en apego al punto de acuerdo número cinco del Acta firmada por el Gobierno en Junio del mismo año.

A raíz del incumplimiento se inician el 9 de diciembre del 2009 la recuperación definitiva de tierras, logrando en un primer bloque de 958 hectáreas que pertenecen a la cooperativa La Confianza; 720 hectáreas de la cooperativa La Aurora y 786 de la cooperativa San Isidro, todas en el municipio de Tocoa; y 665 hectáreas de la cooperativa San Esteban en el Municipio de Trujillo

El MUCA cuenta con documentación legal de respaldo para demostrar que los Sres. Miguel Facuse, Reinaldo Canales y René Morales no son dueños de las tierras robadas a 29 cooperativas campesinas. Se condena la posición del Ministerio Publico por defender los intereses de los empresarios encubriendo graves violaciones a las leyes del país y a los derechos de miles de campesinos sin tierra. El caso de la compra venta de tierras de las cooperativas campesinas ya tiene dos décadas sin que a la fecha se resuelva por parte del Estado y con ello profundizando la crisis entre campesinos y terratenientes.

Denunciamos la campaña de persecución, amenazas de muerte y órdenes de capturas a más de 16 compañeros campesinos por parte de empresarios, militares y funcionarios del Estado. También responsabilizamos a Miguel Facuse, René Morales y Reinaldo Canales de cualquier atentado o represión que podamos sufrir los dirigentes o miembros del movimiento campesino del aguan.

Final mente condenamos la manera absurda de querer machar la imagen del movimiento campesino responsabilizándonos de acciones criminales de las que no tenemos ninguna vinculación. Reafirmamos que nuestra lucha es pacifica y por lo tanto rechazamos la presencia de las fuerzas armadas que solo responden a los intereses de los terratenientes y empresarios corruptos del país.

Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA)

“No somos peces para vivir del agua, ni aves para vivir del aire; somos hombres y mujeres para vivir de la tierra”

lunes, 11 de enero de 2010

Crisis hegemónica de un empresariado inculto, voraz y succionador del Estado

voselsoberano.com | Lunes 11 de Enero de 2010 08:38

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Julio Escoto, El Heraldo, 11 de enero de 2010

Antonio Gramsci, brillante teórico del mundo moderno, llama crisis de las hegemonías al momento en que, en lo histórico, se rompe el equilibrio que haya entre dominantes y dominados, quienes representan energías antagónicas. A lo largo del tiempo los grupos de elite acaban forjando un pacto de agresión limitada con las fuerzas dominadas (subalternas) y cuyo producto inmediato es que estas conceden en principio no protestar ni rebelarse con violencia, mientras que aquellas -dirigentes- buscan suavizar (disimular) los modos de explotación, de forma que luzcan naturales y prácticamente inconscientes. Es así como nos orillan a tornarnos consumistas (manera de explotación) a la vez que nosotros (sujetos) no pasamos de rumiar y protestar en voz baja. Ese, llamémosle "equilibrio", puede durar mil años hasta que un acontecimiento particular (brote de conciencia política, exceso del método expoliador) hace a la gente rebelarse y subvertirse buscando reformar e incluso sustituir al sistema, ya sea porque surgen nuevas necesidades coyunturales o sólidas ideologías de cambio, o porque el esclavo se da cuenta de que es (ocultamente) esclavo y requiere pasar a subsiguientes y mayores estadios de independencia. Así es como apareció la cuarta urna.

Esta proponía alterar el pacto y las clases pudientes se sintieron amenazadas, máxime tras toda la retórica gratuita que la acompañaba acerca de un socialismo siglo XXI que hasta hoy no existe ni como teoría ni realización en ningún sitio del orbe. Los únicos espacios donde operan sistemas socialistas completos son China -curiosa combinación de gobierno marxista con metodología industrial capitalista- y las naciones de Europa, particularmente las que lograron ascender del reformismo socialdemócrata a escalas superiores de dignidad y bienestar humanos. Ejemplo los países nórdicos, Bélgica, Holanda, que son sociedades (incluso bajo monarquías) donde fue erradicada la pobreza, donde el ciudadano goza de amplios beneficios estatales, hay libertades, propiedad privada, instituciones públicas y seguridad social. No son perfectos, lógico, pero en vez de enmarañarse discutiendo doctrinas políticas le entran de plano al cambio y lo ejecutan.

Es decir que en cierto instante de su vida política se forjó allí un pacto donde la empresa privada -conducida por gerentes con cultura- asumió su importantísima responsabilidad de contribución social, y donde gobierno y Estado cumplieron su papel de generadores de bienestar colectivo sin exclusión. En Honduras -y en términos generales- el empresariado es inculto y voraz, succionador del Estado y dispuesto a romper las reglas en su terrible afán de lucro, siendo por ende proclive a corrupción. El joven administrador trata, frecuentemente, de hacerse millonario en pocos años, meta que a sus antepasados les llevaba una generación.

Y de allí que para sostener ese tren de vida parte de la burguesía económica y la clase oligárquica toda se resistan al mínimo cambio, a la justicia y la equidad, a pagar mejores impuestos y salarios, siendo su afán extraer plusvalía absoluta de la mano de obra, trampear y acumular. Imponen, pues, una hegemonía que vigilan celosas pero en algún instante surgen modernas propuestas de transformación y en el conflicto de intereses estalla una crisis. Entre más brutos e incultos sean los actores de esa crisis más violentas serán las medidas con que procurarán solucionarla, con un golpe de Estado por ejemplo.

Generalizo, cierto, pero recuerden que este es un artículo periodístico. Lo interesante es coincidir con Gramsci en que los antagonismos sociales se resuelven de algún modo, jamás permanecen estáticos, y que en ese interregno, cito, "muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo". Qué de lo viejo perece depende de su obstinación y resistencia a evolucionar; lo nuevo depende del conocimiento y fuerza políticos que adquiera la población subalterna; es inevitable. Así que, sencillo, lo que vivimos será superado en cierto momento y la esperanza es que sea para lo mejor. Y como los pueblos solo saben crecer, no hundirse, sin duda así será.


http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/01/11/Opinion/Hegemonias

sábado, 9 de enero de 2010

Laboratorio para la nueva política estadounidense en el continente


Domingo, 20 de Diciembre de 2009


EE.UU,Honduras

La hipocresía del Yes, we can sobre América Latina

Laboratorio para la nueva política estadounidense en el continente


Por: Giorgio Trucchi

18/12/09


Pase lo que pase en las próximas semanas y hasta el 27 de enero, fecha en que Porfirio Lobo Sosa, ganador de las cuestionadas elecciones en Honduras, tomará posesión de un cargo que hasta el momento casi ningún país en el mundo reconoce, resulta cada vez más claro que lo que ha ocurrido en este país centroamericano a partir del 28 de junio marcará un evidente retroceso en el proceso de consolidación de la democracia en el continente latinoamericano. En este contexto, no se pueden obviar las evidentes responsabilidades que tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos en su ofensiva para reposicionarse en el continente.


Con el golpe de Estado del 28 de junio, los poderes fácticos hondureños que, junto a las fuerzas represivas y a sus aliados internacionales controlan la economía y la política del país, lograron detener un proceso de emancipación en el que, por primera vez en la historia de Honduras, las fuerzas vivas del pueblo estaban colaborando con el Ejecutivo para imaginar y planear un futuro diferente, aspirando a un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente incluyente y marcadamente popular.


Paralelamente, Honduras había iniciado un camino dirigido a fortalecer la unidad centroamericana y latinoamericana, adhiriendo al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a Petrocaribe y al ALBA.


Demasiado para las fuerzas retrógradas del país y del continente, que veían amenazados sus intereses históricos y el status quo de privilegios conservado por décadas gracias a la violencia y la represión de aparatos militares al servicio de los grupos fácticos y de sus aliados internacionales.


En este contexto no deben sorprender, aunque si indignar, las recientes declaraciones de la titular de política exterior del gobierno estadounidense, Hillary Clinton, durante su informe sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.


“Nos preocupan los líderes que son electos de manera libre, justa y legítima, pero que después de ser elegidos comienzan a socavar el orden constitucional y democrático, el sector privado, los derechos de los ciudadanos de vivir libres de hostigamiento, de represión y de poder participar libremente en sus sociedades”, ha dicho Clinton apuntando el dedo acusador contra Venezuela, Nicaragua y, aunque sin mencionarlos, todos aquellos gobiernos que no siguen fielmente los “consejos” de Washington.


Sería interesante preguntarle a la señora Clinton y al flamante Premio Nóbel de la Paz, qué es lo que entienden con estas palabras. ¿O acaso no se percataron de que en Honduras hubo un golpe de Estado y que el Presidente legítimo de este país sigue encerrado en una embajada?


“Lo que me preocupa es cómo volvemos al camino correcto, a uno en el que se reconoce que la democracia no es un asunto de líderes individuales, sino de instituciones fuertes”, sentenció Clinton en su discurso.


¿Cómo clasificaría la administración Obama, que inmediatamente reconoció la legitimidad de un proceso electoral sin observadores, viciado por desarrollarse en medio de la represión, la violencia, en el marco de una ruptura constitucional de la que fue parte el mismo Tribunal Supremo Electoral, el estado de terror en que vive buena parte de la población hondureña que desconoce el actual gobierno de facto y que no quiso ser cómplice de esta burda maniobra para legitimar y asentar el golpe?


Sobre Honduras, la titular del Departamento de Estado dijo que su país trabajó para lograr una “aproximación pragmática, de principios, multilateral, que apuntaba a restaurar la democracia”. Nadie se percató de ello, porque lo único que logró esa “aproximación pragmática” fue tratar de aniquilar todos los procesos y los logros alcanzados en los últimos años, posicionar sus piezas clave, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias antes que todos, para tomar las riendas de la situación, apartando de su camino los esfuerzos hechos desde el primer momento por la OEA, la ONU, los países del SICA, del ALBA y de otras instancias del continente latinoamericano.


Para completar la farsa montada por el gobierno de facto, ahora Estados Unidos pide que se dé cumplimiento al Acuerdo Tegucigalpa-San José, instalando un gobierno de unidad y reconciliación que no prevé la presencia de Manuel Zelaya, ni de sus principales ministros y asesores, en su mayoría obligados a vivir en el exilio. Al mismo tiempo, el gobierno de facto de Roberto Micheletti envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de amnistía, para blanquear a todos los que en estos cinco meses han violado sistemáticamente los derechos humanos.


Una nueva pantomima que persigue el objetivo de legitimar de manera definitiva el golpe de Estado, y que pretende sentar un ejemplo para el resto del continente. Un manual del perfecto golpe de Estado estilo siglo XXI, que envía un mensaje muy claro sobre cuál va a ser la política Obama para Centroamérica y América Latina.


No una guerra directa como en Irak y Afganistán, tampoco a través de amenazas como el despliegue de la IV Flota en el Atlántico, la instalación de las bases militares en Colombia o palabras directas como las que Hillary Clinton dirigió a quienes se atrevan a mantener relaciones con Irán, sino una guerra solapada, de “baja intensidad”, moviendo los hilos más “oscuros” de la diplomacia y de las cadenas de “agencias especiales” preparadas para infiltrar países, gobiernos, procesos electorales y movimientos.


Una “guerra necesaria y justificable”, diría el presidente Obama.


La Resistencia: un bastión necesario


Si hay algo que los poderes fácticos y el mismo Estados Unidos no calcularon fue la impresionante capacidad de reacción del pueblo hondureño.


Después del 27 de enero Honduras entrará inevitablemente a una nueva etapa de su sufrida historia. Concluido el período presidencial de Manuel Zelaya, será el turno de Porfirio Lobo.


Un gobierno extremadamente débil, en medio de una violenta crisis económica, con un escaso reconocimiento a nivel internacional y atado a las órdenes que le dictarán los autores principales del golpe, incluyendo a Estados Unidos.


Ante este escenario, la que ha sido la resistencia contra el golpe, hoy convertida en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), tendrá que prepararse para una nueva fase de la lucha. Y las dificultades ya están en el tapete: la constante y selectiva represión denunciada a nivel mundial por las organizaciones de derechos humanos es una clara señal del temor que genera este proceso.


Los pasados 4 y 5 de diciembre, delegados y delegadas de organizaciones de todo el país que conforman el FNRP iniciaron una histórica segunda fase de la lucha, para fortalecer el proceso organizativo rumbo a la conformación de una fuerza política alternativa a los partidos tradicionales, capaz de conducir el pueblo hacia una Asamblea Constituyente.


Durantes esos dos días se conformaron varias comisiones y mesas temáticas que estudiaron el camino a recorrer en los próximos meses. Terminando la actividad, el dirigente sindical y coordinador del Bloque Popular, Juan Barahona, explicó que “Ahora vamos con un planteamiento ideológico político claro, para que todos los sectores organizados sepan hacia dónde vamos.


Necesitamos conocer nuestro camino, necesitamos una metodología para llegar a los sectores usando la técnica del caracol, de abajo hacia arriba, y tendremos un movimiento que le truene. Hay que mantener el ánimo –continuó Barahona– y proponernos tomar el poder en forma pacífica, antes o en el proceso electoral siguiente.


Sin embargo, hay que trabajar y muy duro, no es cuestión de dormirse, sino de poner en nuestras agendas diarias este proyecto”, concluyó.


Una nueva etapa de la lucha del pueblo hondureño ha comenzado.


-Giorgio Trucchi - Rel-UITA



http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/la_hipocresia_de_yes_we_can.htm